La incertidumbre sobre el dragado del puerto de Barbate sigue creciendo mientras la flota pesquera ve limitada su actividad. En pleno cruce de acusaciones políticas, la Junta de Andalucía sitúa el origen del bloqueo en el Gobierno central, asegurando que los requisitos ambientales impuestos por Costas y la Subdirección General de Biodiversidad han convertido una actuación urgente en un proceso “inabordable” en tiempos y costes.
El episodio de aterramiento causado por el reciente tren de borrascas ha dejado la bocana del puerto en una situación delicada, con embarcaciones que ya evitan operar en bajamar por el riesgo de quedar varadas. APPA —la Agencia Pública de Puertos de Andalucía— confirma que el dragado se declaró de emergencia y su ejecución está contratada, pero subraya que, aun así, ningún trabajo puede iniciarse sin el permiso estatal.
Una emergencia atrapada en la burocracia
El procedimiento exige la autorización de la Dirección General de Costas y el visto bueno de Capitanía Marítima para el vertido de sedimentos. La Junta asegura haber cumplido con su parte: caracterización de materiales realizada, solicitud enviada… y un nuevo freno.
Costas trasladó la documentación a Biodiversidad, que ha introducido condiciones adicionales:
- estudiar usos productivos de los sedimentos (agricultura o construcción),
- analizar la gestión en tierra, opción que APPA considera “inviable”,
- y, si se opta por el vertido marino —la única salida técnica viable según la Junta—, realizar nuevos estudios de impacto ambiental sobre el ecosistema.
Todo ello, según el Gobierno andaluz, supone meses de retraso sin garantía de aprobación final. “Hablar de emergencia mientras se exigen trámites incompatibles con la urgencia es una contradicción absoluta”, apuntan fuentes del área.
El LIC que lo complica todo
El punto tradicional de vertido del puerto de Barbate fue incluido en 2023 dentro de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que abarca desde San Fernando hasta el Estrecho de Gibraltar y se extiende unas 30 millas náuticas mar adentro.
Este marco, explica APPA, obliga a seguir una normativa ambiental más estricta, pero salir de él implicaría desplazar los sedimentos a distancias “económica y operativamente inviables” para un dragado de emergencia.
El choque político se intensifica
Mientras la Junta insiste en que la tramitación estatal es el auténtico cuello de botella, el PSOE de Barbate ha cargado contra el Gobierno andaluz y exige la dimisión del director general de Puertos. Los socialistas acusan a la Junta de “abandono” y señalan que el dragado lleva más de dos años pendiente sin avances reales.
Frente a ello, el Ejecutivo andaluz mantiene que la actuación está lista para comenzar en cuanto Costas autorice y recalca que el puerto barbateño “no está paralizado por desidia”, sino por exigencias ambientales que considera desproporcionadas para una emergencia que afecta a la economía local y a la seguridad de la flota.
A la espera de un permiso decisivo
Con posiciones enfrentadas y la situación del puerto cada vez más comprometida, el dragado permanece a la espera de una autorización que marcará el rumbo de las próximas semanas: o un inicio inmediato de los trabajos o un nuevo periodo de trámites que podría prolongarse durante meses.
La flota, mientras tanto, sigue mirando a la bocana con incertidumbre.