La Policía Nacional desarticula una organización criminal que obligaba a trabajar hasta 14 horas diarias a personas en situación vulnerable.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos y explotación laboral en establecimientos de hostelería tras una operación conjunta desarrollada por las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Cádiz y Badajoz.
La investigación, denominada Operación Cachito, ha permitido liberar a once víctimas que eran explotadas laboralmente en cuatro locales de comida rápida tipo kebab, dos ubicados en Cádiz y otros dos en Badajoz.
Jornadas de hasta 14 horas en condiciones extremas
Según la investigación policial, las víctimas —procedentes principalmente de Pakistán— habían llegado a España huyendo de situaciones de pobreza extrema y problemas de seguridad en sus países de origen.
Una vez en territorio español y en situación administrativa irregular, eran captadas para trabajar en los establecimientos donde eran sometidas a jornadas laborales de entre doce y catorce horas diarias, en muchos casos sin salario o con remuneraciones mínimas.
Algunas de estas personas vivían en los propios locales, durmiendo en sillas y utilizando los baños destinados a los clientes para su higiene personal. Su alimentación dependía de la comida disponible en el propio establecimiento.
Otros trabajadores residían en viviendas habilitadas por la organización donde convivían hacinados y en condiciones insalubres, llegando a detectarse colchones infestados de chinches. En algunos casos apenas recibían alrededor de cien euros mensuales por su trabajo.
Amenazas y control constante
Las víctimas estaban sometidas a un férreo control por parte de los responsables de la organización. Los establecimientos contaban con cámaras de seguridad desde las que los tratantes vigilaban continuamente a los trabajadores, llegando incluso a despertarles durante la noche para realizar tareas.
Además, los explotadores utilizaban amenazas relacionadas con la expulsión del país, aprovechando la situación administrativa irregular de las víctimas para mantenerlas sometidas.
Las investigaciones también revelaron coacciones y humillaciones constantes, incluyendo amenazas de grabar y difundir imágenes en redes sociales si no obedecían las órdenes recibidas.
Cuatro registros y once víctimas liberadas
La operación policial culminó con cuatro registros domiciliarios, dos en Cádiz y dos en Badajoz. Durante estas actuaciones los agentes comprobaron las condiciones en las que vivían los trabajadores.
En uno de los inmuebles inspeccionados en Badajoz se halló gran cantidad de alimentos almacenados en condiciones insalubres, lo que ha motivado la imputación adicional de un presunto delito contra la salud pública.
Durante los registros se intervinieron cerca de 10.000 euros en efectivo, además de diversa documentación y efectos relacionados con la actividad investigada.
Cuatro detenidos y cierre de los locales
Como resultado de la operación fueron detenidas cuatro personas, tres en Cádiz y una en Badajoz. Dos de ellas han ingresado en prisión provisional.
Los investigadores consideran que la organización contaba con una estructura estable, en la que cada miembro tenía funciones concretas dentro del entramado delictivo.
Además, se procedió a la clausura de los cuatro establecimientos de hostelería en los que presuntamente se desarrollaba la actividad de explotación laboral.