El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera impulsará una comisión de investigación municipal para analizar la gestión realizada en etapas anteriores en la Asociación de Mayores Santa Teresa de Calcuta. Así lo han anunciado en rueda de prensa el alcalde, Antonio González, y el presidente del colectivo, Cayetano Corrales.
Durante la comparecencia, el alcalde explicó que la medida tiene como objetivo aclarar la situación administrativa y económica que atravesó el colectivo en el pasado y determinar posibles responsabilidades. Según señaló, tras el trabajo conjunto del Ayuntamiento y de la actual junta directiva, la situación del centro se encuentra actualmente normalizada.
Un centro con cerca de 500 socios
El regidor destacó además la importancia que tiene la asociación para la vida social del municipio. El colectivo, fundado en 2011, cuenta actualmente con cerca de 500 socios y desarrolla de forma habitual talleres, actividades y programas dirigidos a las personas mayores en el centro ubicado en la avenida Buenavista.
“El centro cuenta hoy con una economía saneada gracias a los convenios impulsados por el Ayuntamiento. Ahora lo que se pide son explicaciones sobre lo ocurrido en el pasado”, señaló el alcalde durante la rueda de prensa.
Situación administrativa al llegar el actual gobierno
Según explicó el alcalde, cuando el actual equipo de gobierno asumió la gestión municipal en 2023 se encontró con una situación administrativa complicada, derivada —según afirmó— de decisiones tomadas durante el anterior mandato.
Entre los problemas detectados, se mencionó que se habrían formalizado determinados contratos utilizando el nombre de la asociación en lugar de hacerlo directamente a través del Ayuntamiento, lo que habría generado posteriormente diversas obligaciones administrativas y económicas.
Ante esta situación, el Ayuntamiento pretende abrir una comisión de investigación en el Pleno municipal para esclarecer los hechos y analizar la gestión realizada en etapas anteriores.
Deudas detectadas al regularizar la asociación
Por su parte, el presidente del colectivo explicó que, al regularizar la situación administrativa de la asociación, se encontraron con deudas relacionadas con retenciones fiscales vinculadas al alquiler de locales utilizados anteriormente.
En concreto, Corrales detalló que la asociación tuvo que abonar 3.931,67 euros correspondientes al IRPF del alquiler, una cantidad que, según explicó, se pagó con las cuotas de los socios.
El presidente indicó que el colectivo decidió mantener el nombre original de la asociación, lo que implicaba también asumir las obligaciones pendientes. Aun así, aseguró que actualmente la entidad se encuentra al día con Hacienda y continúa desarrollando su actividad con normalidad.
Petición de aclaraciones
Desde la asociación señalan que el objetivo ahora es conocer con claridad lo ocurrido en etapas anteriores. En este sentido, Corrales pidió explicaciones al anterior gobierno municipal del Partido Popular sobre la gestión que dio origen a esas deudas.
Mientras tanto, el centro de mayores continúa desarrollando sus actividades habituales con el objetivo de seguir ofreciendo espacios de convivencia, participación y ocio para las personas mayores del municipio.