El Ayuntamiento de Chiclana ha vuelto a alzar la voz ante los graves retrasos que acumula la Junta de Andalucía en la valoración del grado de discapacidad, una situación que mantiene en vilo a unas 1.300 personas en el municipio, muchas de ellas privadas de ayudas, pensiones y derechos básicos desde hace casi tres años.
Así lo ha denunciado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, quien ha advertido de que los tiempos de espera se han disparado hasta los 30 meses, cuando anteriormente estos expedientes se resolvían en torno a un año. “¿Qué está ocurriendo? ¿Qué espera el señor Moreno Bonilla o la Junta de Andalucía para poner solución a este grave problema?”, ha cuestionado.
Bloqueo de derechos y prestaciones esenciales
Salado ha explicado que la falta de reconocimiento del grado de discapacidad tiene consecuencias directas y muy serias en la vida diaria de los afectados. Entre ellas, ha destacado que aquellas personas que podrían optar a una pensión no contributiva al alcanzar un 65% de discapacidad no pueden siquiera solicitarla al no contar con la valoración oficial.
Lo mismo ocurre con quienes superan el 33% de discapacidad, que podrían beneficiarse de bonificaciones o exenciones en el impuesto municipal de vehículos, pero se ven impedidos de hacerlo por la demora administrativa.
Tampoco pueden tramitar prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, como la ayuda por hijo a cargo con discapacidad, ni acceder a determinadas coberturas sanitarias y farmacéuticas dependientes de la propia Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Además, el retraso bloquea el acceso a ayudas al desplazamiento, la Renta Activa de Inserción, subvenciones para la adaptación de vehículos, o la adquisición de órtesis y prótesis dentales, entre otros gastos subvencionables.
Sin tarjeta de aparcamiento y con consecuencias en educación y empleo
Uno de los aspectos más visibles en el día a día es la imposibilidad de obtener la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, una herramienta básica para muchas familias y personas con discapacidad.
El delegado municipal ha señalado además que esta situación afecta al reconocimiento de familia numerosa, con la consiguiente pérdida de beneficios fiscales y exenciones, así como al acceso a becas educativas, plazas en guarderías, estudios universitarios o reservas de plazas.
En el ámbito laboral, la falta de valoración impide a los afectados optar a ofertas de empleo reservadas para personas con discapacidad y limita también las bonificaciones a empresas por su contratación, mientras que en materia fiscal se pierden deducciones y exenciones en numerosos impuestos.
“Una barbaridad y un despropósito”
Desde el Ayuntamiento califican este retraso como el resultado de una clara pasividad de la administración autonómica, con un impacto directo en cientos de familias chiclaneras.
“Estamos hablando de 30 meses de espera, casi tres años. Es una barbaridad, un despropósito. La Junta ni está ni se la espera”, ha concluido Francis Salado, reclamando una solución urgente para desbloquear las valoraciones y garantizar que las personas afectadas puedan acceder, de una vez, a los recursos y derechos que les corresponden.