Siete familias del municipio podrían asumir cerca de 1.000 euros al año por el servicio en el centro de educación especial de UPACE en San Fernando
Representantes de Izquierda Unida en Conil han acompañado a varias familias del municipio en una visita al Centro de Educación Especial S.A.R. Infanta Doña Cristina, gestionado por la asociación UPACE en San Fernando. Durante el encuentro, en el que también participó el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, se abordó la pérdida de la financiación pública del comedor escolar para el curso 2025/2026, una medida que afecta directamente a varias familias conileñas.
Según ha denunciado la formación política, siete familias de Conil con hijos e hijas escolarizados en este centro se verán obligadas a asumir el coste del comedor, lo que podría suponer alrededor de 1.000 euros anuales por alumno si no se restablece la ayuda. La situación se produce tras la resolución de las subvenciones de la Junta de Andalucía para este servicio, que ha dejado fuera a varios centros de educación especial de la comunidad.
Un servicio educativo esencial
Desde IU se insiste en que el comedor en este tipo de centros no es un servicio complementario, sino parte del propio proceso educativo. En el caso del centro de educación especial Infanta Doña Cristina, muchos alumnos presentan parálisis cerebral u otras discapacidades que requieren apoyo profesional durante la alimentación, trabajando aspectos como la deglución, el control postural o la autonomía personal.
Familias y asociaciones llevan semanas alertando de que la falta de financiación puede dificultar el acceso a este recurso fundamental, ya que el comedor forma parte del horario lectivo y del programa educativo del alumnado con grandes necesidades de apoyo.
IU llevará el asunto al pleno
Ante esta situación, IU Conil ha anunciado que presentará una moción en el pleno municipal de marzo para exigir a la Junta de Andalucía que rectifique y garantice la financiación del servicio de comedor en este centro.
La formación defiende que garantizar este recurso es clave para la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad, además de evitar una carga económica añadida para las familias que ya afrontan numerosos gastos derivados de terapias y cuidados especializados.