Más de 80 personas participaron este domingo en una manifestación convocada por la Plataforma Vecinal Somos Marquesado y la Asociación de Vecinos Somos Pago para reclamar el cumplimiento del convenio del ciclo integral del agua firmado en 2005 entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía. La protesta tuvo lugar en la carretera de la Rana Verde, una de las principales vías de conexión entre Chiclana y la zona de la playa.
La manifestación, que comenzó algo más tarde de las 11:00 horas debido a la fuerte lluvia caída durante la mañana, comenzó ocupando un carril de circulación en dirección a la Rana Verde desde la rotonda de El Florín. Según denunciaron los manifestantes, esta limitación generó una fuerte indignación, ya que aseguran contar con permiso de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para ocupar ambos carriles de esta avenida durante la convocatoria.
A pesar de dicho permiso, la Policía Local, presente durante toda la concentración, prohibió la ocupación del segundo carril y también del acerado, que inicialmente había sido utilizado por parte de los asistentes. Esta actuación provocó momentos de tensión y malestar entre los manifestantes, que expresaron su rabia por lo que consideran un trato injusto por parte del Ayuntamiento, llegando a afirmar que se sienten tratados como “ciudadanos de segunda o de tercera”.
Desde la Plataforma Vecinal Somos Marquesado y la Asociación Somos Pago denuncian la “dejación” tanto del alcalde de Chiclana, José María Román, como de la Junta de Andalucía, por no haber desarrollado ni actualizado el convenio del ciclo integral del agua, que sigue vigente desde su firma en 2005. Los colectivos rechazan frontalmente que sean los vecinos quienes deban asumir el coste de unas obras de abastecimiento y saneamiento que, según defienden, no les corresponden legalmente.
En la nota de prensa difundida con motivo de esta movilización, las asociaciones critican las declaraciones del alcalde en redes sociales y reuniones vecinales, en las que habría planteado iniciar las obras con cargo a los vecinos, manejando cifras que, según los convocantes, oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros por vivienda, con pagos mensuales durante ocho o diez años. Los manifestantes advierten de que estas cantidades afectarían a miles de familias del diseminado norte y otras zonas rurales del municipio.
Los colectivos convocantes aseguran que continuarán organizando acciones y protestas para exigir que el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía cumplan con sus compromisos y descarguen a los vecinos de un coste que consideran injusto e inasumible para muchas familias.