La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para indemnizar al municipio de Barbate por el uso militar del campo de adiestramiento de la Sierra del Retín, una demanda histórica del municipio que se arrastra desde hace más de cuarenta años. El texto ha sido impulsado por el Grupo Plurinacional Sumar y defendido por la diputada gaditana Esther Gil de Reboleño, marcando un avance significativo en el reconocimiento institucional del impacto que esta instalación ha tenido sobre el desarrollo local.
La propuesta establece un mecanismo de compensación económica anual de cuatro millones de euros, derivado de la servidumbre militar que supone la ocupación y uso de estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa. El objetivo es paliar tanto la pérdida de ingresos municipales como las limitaciones de uso del suelo que sufre Barbate desde hace décadas.
Una compensación económica o inversiones finalistas
El texto aprobado no fija una única fórmula para hacer efectiva la compensación, sino que abre dos vías posibles. Por un lado, la asignación directa de una cuantía anual fija incluida en los Presupuestos Generales del Estado; por otro, la ejecución de inversiones finalistas destinadas al desarrollo del municipio.
Estas inversiones estarían orientadas a impulsar una actividad industrial sostenible, mejorar infraestructuras clave como las comunicaciones, el saneamiento y el tratamiento del agua, así como a reforzar los servicios públicos, con el objetivo de generar empleo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
“La iniciativa no solo busca compensar económicamente, sino ofrecer una oportunidad real de desarrollo para Barbate”, subrayó Gil de Reboleño durante su intervención en la Comisión.
Un plan plurianual para saldar la “deuda histórica”
Además de la compensación anual, el acuerdo aprobado contempla la puesta en marcha de un plan plurianual específico para abordar la deuda histórica acumulada durante más de cuatro décadas de ocupación militar de los terrenos del Retín.
Desde Sumar se insiste en que la presencia prolongada del campo de adiestramiento ha condicionado de forma significativa el crecimiento económico y territorial del municipio, generando un agravio comparativo respecto a otras localidades que no soportan este tipo de servidumbres.
“No es aceptable que Barbate haya tenido una parte muy importante de su territorio limitada durante tanto tiempo sin una respuesta por parte del Ministerio de Defensa”, señaló la diputada, que reclamó ahora “compromisos concretos del Gobierno”.
Apoyo ciudadano y expectativa institucional
La aprobación de esta iniciativa supone un respaldo institucional a una demanda ampliamente compartida por la sociedad barbateña y por sus representantes locales. Aunque el acuerdo no tiene aún efectos económicos inmediatos, abre la puerta a una solución estructural que combine compensación financiera, inversión pública y justicia territorial.
El siguiente paso será la concreción de los compromisos asumidos, especialmente en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, donde Barbate espera ver reflejado por fin un reconocimiento largamente reclamado.