Bomberos Unidos exige el cese del director-gerente del Consorcio de Cádiz por opacidad e irregularidades

Bomberos Unidos, plataforma que representa al 70% de la plantilla funcionarial del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), ha exigido públicamente a la Diputación Provincial y al presidente del CBPC que promuevan el cese inmediato del actual director-gerente. La demanda se fundamenta en varias irregularidades graves que, según la plataforma, revelan falta de transparencia y cumplimiento normativo.

Guardias localizadas sin regulación clara tras diecisiete meses

El primer punto de controversia se remonta a mayo de 2025, cuando Bomberos Unidos planteó una cuestión elemental: si las guardias de localización son voluntarias u obligatorias y cuál es su regulación. Pasados diecisiete meses, dos escritos y varios compromisos institucionales, el CBPC continúa sin proporcionar una respuesta clara y definitiva. Según la denuncia, la posición institucional sigue siendo que la obligatoriedad dependerá del momento y de quién solicite no realizarlas, lo que representa un criterio administrativo arbitrario.

La plataforma rechaza categóricamente que una Administración pública determine las condiciones laborales de forma discriminatoria según quién pregunte o según convenga en cada momento. Esta crítica se agudiza al constatar que el director-gerente percibe retribuciones vinculadas a esas localizaciones, circunstancia que, a juicio de Bomberos Unidos, exige máxima transparencia y acreditación completa de las cantidades abonadas y de los criterios aplicados.

Servicios prestados sin contrato público hasta 2020

Bomberos Unidos ha constatado un hecho que califica como especialmente grave: determinadas mercantiles venían prestando servicios sin contrato público. Según la denuncia, al menos una empresa prestó al CBPC servicios esenciales y recurrentes antes de que, en 2020, apareciese su primer contrato publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La plataforma subraya que no se trata de una necesidad puntual o imprevisible, sino de un servicio recurrente que requiere aclaración sobre la cobertura contractual existente, el dinero abonado y el procedimiento administrativo seguido.

Auditorías incumplidas y obligaciones legales sin ejecutar

Bomberos Unidos señala que la Diputación Provincial no puede alegar desconocimiento de estos hechos. Mediante el expediente CC/2010/2021, contrató expresamente la auditoría de las cuentas anuales de sus entes instrumentales, incluido el CBPC. Además, los artículos 29.3.A y 36.2 del Real Decreto 424/2017 obligan a realizar anualmente estas auditorías y a publicar sus informes en la sede electrónica. La plataforma ha reclamado esa documentación por transparencia y exige, no como favor sino como cumplimiento de obligación legal, que las auditorías sean publicadas. Cuestiona por qué siguen sin estar accesibles.

Infracotizaciones a la Seguridad Social por aproximadamente 450.000 euros

Finalmente, la Inspección de Trabajo ha constatado irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social entre 2021 y 2025. Estas infracotizaciones han afectado directamente a las bases reguladoras y, por tanto, a las futuras pensiones de los bomberos. Bomberos Unidos estima que las cantidades no cotizadas ascienden a aproximadamente 450.000 euros, lo que constituye un perjuicio significativo para el régimen de protección social de los trabajadores.

La plataforma sostiene que la responsabilidad de gestión no puede seguir diluyéndose y exige que los representantes de la Diputación soliciten una Junta General extraordinaria del CBPC para someter a votación el cese del director-gerente. Bomberos Unidos concluye su comunicado enfatizando que la Diputación conoce los hechos denunciados y que ahora debe decidir si protege la legalidad y a los trabajadores o continúa sosteniendo esta forma de gestión.