CSIF denuncia la privatización de la vigilancia portuaria en Andalucía
El sindicato mayoritario en la APPA advierte de que la Junta externaliza funciones de la policía portuaria a empresas privadas, incrementando el coste un 25 % respecto a la gestión directa y debilitando la estructura administrativa.
La Central Sindical CSIF, sindicato mayoritario en el comité intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), ha denunciado que la Junta de Andalucía privatice el servicio de vigilancia portuaria en los puertos de su competencia tras sacar a licitación la contratación de estas prestaciones.
Funciones de seguridad en manos privadas
CSIF ha criticado que la externalización ponga en manos de personal de empresas privadas funciones consignadas a la policía portuaria, profesionales que desarrollan tareas vinculadas a la seguridad, vigilancia y control dentro del recinto portuario y son los únicos con autoridad para denunciar y levantar actas por incumplimientos relacionados con la normativa portuaria. El sindicato ha alertado de que, si no se frena esta privatización, el control de seguridad no se haría con garantías, al carecer el nuevo personal de las competencias necesarias.
La Central Sindical también ha rechazado que con la decisión unilateral de la Junta desaparezca la categoría profesional de Policía Portuaria que trabaja en los puertos andaluces, expresando su preocupación por el hecho de que trabajadores externos asuman tareas de vigilancia que conllevan determinados niveles de riesgo.
Falta de diálogo con los representantes de los trabajadores
CSIF ha acusado de deslealtad a la Administración andaluza porque ha tomado una decisión que afecta directamente a los empleados públicos al margen de los representantes de los trabajadores, sin información ni comunicación previa. El sindicato se reunió recientemente con la dirección de la APPA para mostrar su rechazo y advertir de los cambios que supondría en la naturaleza de las funciones.
Incremento del gasto público sin justificación económica
CSIF ha lamentado que la Junta vaya a usar dinero público para sufragar el coste de la contratación de una empresa privada, cuando estos servicios se vienen realizando desde hace años por parte de los empleados públicos de la Policía Portuaria. Según los cálculos realizados por el sindicato, la adjudicación a una empresa privada de las tareas de vigilancia supone un incremento aproximado del 25 % respecto al coste de la gestión directa por parte de la Administración, lo que «no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario».
Destrucción de empleo público y déficit de plantilla
La Central Sindical ha denunciado que la externalización supondría destruir empleo público y debilitar aún más la estructura de la Administración andaluza, renunciando a la consolidación de plantillas estables y especializadas. En la actualidad, el déficit estructural de plantilla de la APPA es del 30 %, una situación denunciada por el sindicato en múltiples ocasiones en las concentraciones convocadas en los últimos meses en defensa de mejores condiciones laborales para el personal y para reclamar la negociación de un nuevo convenio colectivo.
