La Guardia Civil detiene una captura ilegal de aves en el Parque Natural de la Breña
El SEPRONA de Medina Sidonia ha incautado más de 12 metros de redes abatibles e interpuesto denuncias a cuatro personas por intentar atrapar aves fringílidas en una zona especialmente sensible para estas especies.
La Guardia Civil de Cádiz, a través del SEPRONA de Medina Sidonia, ha frenado un intento de captura ilegal de aves fringílidas en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, concretamente en la zona del Faro de Trafalgar, el 22 de octubre de 2026. Durante una patrulla preventiva en esta área especialmente sensible para el paso de estas especies, los agentes detectaron a un grupo de personas que mostraban signos de nerviosismo e intentaban ocultar una mochila.
Tras identificar al grupo, los agentes localizaron entre la maleza y junto a un vehículo una mochila que contenía más de 12 metros de longitud de redes abatibles, así como herramientas y elementos específicos para su instalación y utilización. Se procedió a la incautación de todos los efectos y se extendieron denuncias a 4 personas por infracción grave de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, que prohíbe expresamente la tenencia y uso de estas artes de captura.
Un comercio prohibido pero persistente
Los agentes han puesto de manifiesto que sigue existiendo un importante comercio ilegal de aves fringílidas, tanto para su exportación como pájaros de jaula como para su consumo directo bajo la denominación de «pajaritos fritos». Esta actividad supone un riesgo sanitario considerable, ya que se realiza sin control alguno y las aves pueden haber estado en contacto con insectos afectados por plaguicidas e insecticidas, lo que incrementa significativamente el peligro de enfermedades.
Protección legal y consecuencias penales
Según la Ley 42/2007 de Patrimonio y Diversidad, las aves fringílidas no están consideradas especies cinegéticas, por lo que su caza y comercio están terminantemente prohibidos. El código Penal tipifica esta conducta con multas o penas que pueden alcanzar hasta dos años de cárcel. La Guardia Civil ha reafirmado su compromiso de continuar realizando actuaciones tanto contra quienes se dedican a la captura de estas aves como contra sus comerciantes.
