La coalición Por Andalucía ha anunciado en Chiclana de la Frontera una de sus propuestas clave: la creación de una Ley de Estabilidad para el Empleo Público, una iniciativa que podría suponer un cambio estructural en la situación laboral de miles de trabajadores interinos en la comunidad autónoma.
La candidata por Cádiz, Esperanza Gómez, acompañada por miembros de su candidatura y representantes de Sumar, presentó la medida destacando que llega en un momento decisivo, tras conocerse una reciente sentencia del Tribunal Supremo que abre la puerta a reconocer la estabilidad laboral de quienes ya han superado procesos selectivos.
Según explicó Gómez, la normativa que proponen estará dirigida a interinos y personal laboral de las administraciones públicas andaluzas que lleven más de tres años encadenando contratos y que hayan aprobado algún proceso selectivo, permitiéndoles acceder a la condición de personal fijo.
La coalición considera que esta medida responde a una situación prolongada de precariedad en sectores esenciales como la sanidad y la educación, donde España arrastra desde hace años un elevado nivel de temporalidad. En este sentido, Gómez recordó que varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han condenado al país por el abuso de la contratación temporal en el sector público.
El anuncio cobra especial relevancia tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que establece que quienes han superado pruebas selectivas ya han demostrado los principios de mérito y capacidad recogidos en la Constitución. Para Por Andalucía, esta resolución supone un respaldo jurídico clave para impulsar una reforma legislativa en esta materia.
Durante su intervención, Gómez subrayó que “esta medida supondría un cambio fundamental para miles de trabajadores y trabajadoras”, insistiendo en que la estabilidad laboral es una cuestión de voluntad política y de cumplimiento de la normativa europea.
La candidata también denunció que la Junta de Andalucía mantiene numerosos litigios con empleados públicos temporales que acaban ganando en los tribunales, lo que supone un gasto añadido de recursos públicos y prolonga la incertidumbre de los afectados. En su opinión, esta ley evitaría en gran medida esa judicialización y permitiría resolver de forma estructural el problema.
Además, desde la coalición se destaca que la iniciativa podría beneficiar a personas que llevan incluso más de dos décadas en situación de temporalidad en la administración pública andaluza, una realidad que califican de “inaceptable”.
“El deterioro de los servicios públicos también se refleja en el trato que reciben sus profesionales”, concluyó Gómez, quien defendió que reforzar la estabilidad laboral es clave para garantizar la calidad de servicios esenciales.
Con esta propuesta, Por Andalucía busca situar el debate sobre la precariedad en el empleo público en el centro de la agenda política, en un contexto marcado por el respaldo judicial y la presión europea para corregir una situación que afecta a miles de trabajadores.