Desmantelada una red que explotaba a repartidores extranjeros en el Campo de Gibraltar

La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a la captación y explotación laboral de trabajadores extranjeros en el sector del reparto de paquetería en Algeciras, La Línea de la Concepción y Los Barrios. La denominada operación "Alibaba" se ha saldado hasta el momento con diez detenidos, dos personas investigadas, ocho víctimas liberadas y al menos veintiséis afectados identificados, aunque los investigadores no descartan que el número real pueda ser mayor.

Los arrestados están siendo investigados por su presunta participación en delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, la autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los dos principales responsables de la trama.

Una investigación iniciada tras una inspección laboral

La operación tuvo su origen en agosto de 2025, cuando una inspección realizada en una nave dedicada al reparto de paquetería en Algeciras permitió detectar la presencia de varios ciudadanos extranjeros que trabajaban en situación administrativa irregular.

A partir de ese momento, las investigaciones revelaron la existencia de una estructura perfectamente organizada que obtenía importantes beneficios económicos aprovechándose de personas en situación de vulnerabilidad. Según las pesquisas, la organización captaba a sus víctimas a través de redes sociales mediante falsas ofertas de empleo vinculadas al reparto de paquetes.

Una vez aceptaban las condiciones propuestas, los trabajadores eran alojados en viviendas gestionadas o alquiladas por la propia organización, generando una situación de dependencia económica y personal que dificultaba cualquier posibilidad de abandonar el sistema de explotación.

Jornadas de lunes a domingo y condiciones de vida precarias

La investigación ha permitido constatar que las víctimas trabajaban bajo la promesa de aumentar sus ingresos en función del número de paquetes entregados. Bajo esa presión, realizaban jornadas laborales de extrema intensidad durante toda la semana, transportando cargas pesadas y efectuando repartos continuos para cumplir los objetivos marcados por los responsables.

Los agentes comprobaron además que algunos repartidores eran obligados a conducir furgonetas sin disponer del correspondiente permiso de conducción. En los casos más graves, las condiciones de vida resultaban tan precarias que algunos trabajadores llegaban a dormir en los propios vehículos utilizados para desarrollar su actividad profesional.

Las pesquisas también pusieron de manifiesto el férreo control ejercido por la organización sobre los repartidores y sobre la mercancía asignada a cada uno de ellos. Cuando algunos trabajadores lograban regularizar su situación administrativa, los responsables les obligaban a darse de alta como autónomos pese a desarrollar su labor bajo las condiciones propias de un trabajador por cuenta ajena.

El uso de la figura del falso autónomo

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación ha sido la detección del uso sistemático de la figura del "falso autónomo". Mediante este mecanismo, los responsables evitaban asumir costes laborales, cotizaciones y obligaciones empresariales, trasladando todos los riesgos y responsabilidades económicas a los trabajadores.

Los investigadores también detectaron supuestas denuncias falsas relacionadas con paquetes presuntamente extraviados o no entregados. Estas maniobras habrían permitido a los integrantes de la organización apropiarse de mercancías que nunca llegaban a sus destinatarios finales.

Tres empresas bajo una misma estructura

Según la Policía Nacional, la organización estaba integrada por al menos ocho personas que gestionaban de forma coordinada tres empresas vinculadas al reparto de paquetería y una flota de hasta veinte furgonetas.

La trama distribuía la actividad entre las distintas sociedades aprovechando la asignación previa de determinadas zonas de reparto y códigos postales. Asimismo, realizaba cesiones de trabajadores entre las distintas empresas, incluso cuando conocía que algunos de ellos carecían de autorización para trabajar en España.

Además de facilitarles alojamiento y medios materiales, los responsables presuntamente favorecían la permanencia en territorio nacional de ciudadanos extranjeros en situación irregular, incorporándolos a la actividad laboral bajo condiciones abusivas.

Registros y documentación intervenida

En la fase final de la operación, los agentes llevaron a cabo tres registros en inmuebles de Algeciras y La Línea de la Concepción, además de varias inspecciones laborales en centros relacionados con la actividad investigada.

Durante estas actuaciones fue intervenida abundante documentación sobre la gestión de la organización y el control de los repartidores. También fueron localizados varios trabajadores que se encontraban en situación administrativa irregular.

Como resultado de la operación, la Policía Nacional ha logrado liberar a ocho víctimas de explotación laboral e identificar a veintiséis personas perjudicadas, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más afectados por esta red que operaba en el sector de la paquetería del Campo de Gibraltar.