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El Gobierno destaca la reconstrucción tras las borrascas en Cádiz

Por Guillermo Ortiz · 30 jun 2026
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El Gobierno destaca la reconstrucción tras las borrascas en Cádiz

La subdelegada del Gobierno en Cádiz subraya que 41 municipios de la provincia recibirán el 100% de las ayudas estatales para reparar los daños causados por las borrascas y defiende que la respuesta del Ejecutivo ha sido “sin precedentes”.

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz ha destacado este lunes en Medina Sidonia el alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para hacer frente a los daños provocados por las borrascas que afectaron gravemente a la provincia desde finales de 2025. Durante una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Mancomunidad de Municipios de La Janda, la representante gubernamental ha reafirmado el compromiso del Estado con la reconstrucción de infraestructuras, el apoyo a familias y empresas y la recuperación de la actividad económica en las zonas afectadas.

Una respuesta extraordinaria tras los temporales

La subdelegada recordó que Cádiz fue una de las provincias más castigadas por el tren de borrascas que se sucedió entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, dejando importantes daños en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, infraestructuras públicas y el sector pesquero.

Según explicó, durante los momentos más críticos llegaron a registrarse más de 60 carreteras con cortes parciales o totales, además de desalojos de población y la paralización de numerosas actividades económicas.

Ante esta situación, el Gobierno de España activó el Real Decreto-Ley 25/2026, de 17 de febrero, dotado con 7.000 millones de euros para Andalucía y Extremadura, con el objetivo de financiar actuaciones de recuperación y reparación de los daños ocasionados por los temporales.

La subdelegada calificó esta respuesta como una actuación “sin precedentes” y destacó que desde el primer momento se atendieron las demandas trasladadas por los ayuntamientos y los servicios de emergencia.

Refuerzo de la atención a municipios y afectados

Dentro del operativo desplegado, el Gobierno abrió oficinas de información y asistencia en distintos puntos de la provincia, entre ellos San Roque, Grazalema y Villamartín, además de habilitar la colaboración de las oficinas de Correos para facilitar los trámites.

Asimismo, se incorporaron 12 funcionarios específicos para la gestión de las ayudas, de los cuales siete prestan servicio en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y cinco en la Oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar.

Las ayudas se han canalizado a través de distintos ministerios, entre ellos Política Territorial, Agricultura, Pesca, Interior y Transportes, con diferentes líneas destinadas a cubrir daños en infraestructuras públicas, explotaciones agrarias, viviendas y actividades económicas.

El 100% de las ayudas para 41 municipios gaditanos

Uno de los anuncios más destacados de la comparecencia fue la confirmación de que 41 de los 45 municipios de la provincia de Cádiz recibirán el 100% de las ayudas solicitadas para la reparación de infraestructuras municipales.

La subdelegada recordó que inicialmente fueron incluidos 33 municipios en el anexo correspondiente publicado en el Boletín Oficial del Estado. Posteriormente, el pasado 13 de junio se amplió la relación hasta alcanzar los 41 municipios beneficiarios.

Además, señaló que los cuatro municipios restantes también podrán acogerse a una línea complementaria publicada el 23 de junio, mediante la cual podrán acceder a ayudas que cubrirán hasta el 50% de los daños sufridos.

La responsable gubernamental destacó igualmente el trabajo coordinado con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para acometer actuaciones en caminos rurales, vías pecuarias, escolleras, muros de contención y nuevas infraestructuras destinadas a aumentar la resiliencia frente a futuras catástrofes climáticas.

Más de siete millones para explotaciones agrarias de La Janda

En el ámbito agrario, la subdelegada avanzó que ya se han abonado ayudas directas a 490 titulares de explotaciones agrícolas de la comarca de La Janda, por un importe cercano a 7,5 millones de euros.

Las cuantías individuales concedidas oscilan entre 5.000 y 25.000 euros, dependiendo de las características de cada explotación y de los daños acreditados.

Además, recordó que el Gobierno ha aprobado la reducción del número de peonadas exigidas a los trabajadores eventuales agrarios, que pasan de 35 a 5 jornadas, una medida destinada a aliviar las dificultades derivadas de la pérdida de actividad provocada por los temporales.

También informó de la firma reciente de un convenio con el Colegio de Ingenieros para la elaboración de memorias técnicas destinadas a la reparación de caminos rurales, unas actuaciones que serán ejecutadas a través del Ministerio de Agricultura y Pesca mediante SEIASA y TRAGSA.

Avances en carreteras y ayudas a desalojados

La subdelegada puso en valor igualmente las actuaciones de emergencia desarrolladas por la Dirección General de Carreteras y el Ministerio para la Transición Ecológica, especialmente en puntos críticos de la N-340 a su paso por Vejer y Tarifa, donde los daños generaron situaciones de especial preocupación.

Actualmente, según explicó, ya están habilitados carriles en ambos sentidos en los tramos afectados, aunque los trabajos continúan para garantizar la recuperación completa de las infraestructuras.

Por otro lado, aseguró que ya se están abonando las ayudas directas destinadas a las personas desalojadas durante los episodios de inundaciones, que contemplan 150 euros por persona y día, así como las compensaciones dirigidas a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y del sector pesquero.

La subdelegada concluyó señalando que el objetivo de las reuniones que mantiene con los municipios es resolver dudas sobre la tramitación de las ayudas y transmitir tranquilidad a los ayuntamientos. En este sentido, expresó su confianza en que las resoluciones ya aprobadas se traduzcan en los próximos meses en inversiones efectivas que permitan culminar la reconstrucción de las zonas afectadas y reforzar la capacidad de los municipios para afrontar futuros episodios climáticos extremos.

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