El Pleno de agosto aprueba el contrato del alumbrado y reclama mejoras en dependencia y educación especial
La sesión dio luz verde a la adjudicación del mantenimiento del alumbrado público, a nuevas medidas de apoyo al sector agrícola y a dos propuestas para reforzar la atención a la dependencia y al alumnado con necesidades específicas.
El Pleno ordinario de agosto del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado varios asuntos de relevancia para la gestión municipal, entre ellos la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento del alumbrado público, la modificación de la ordenanza fiscal del IBI para apoyar al sector agrícola y dos propuestas centradas en la atención a la dependencia y al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
La sesión estuvo marcada por el respaldo a los principales expedientes municipales, aunque también por el intercambio de críticas entre el equipo de gobierno y la oposición sobre la financiación de los servicios públicos, las competencias de las distintas administraciones y el apoyo al sector agrícola.
Moneleg asumirá el mantenimiento del alumbrado público
Uno de los asuntos más importantes del Pleno fue la aprobación de la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora del alumbrado público municipal, adjudicado a la empresa chiclanera Moneleg por un importe anual de 657.030 euros y una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco.
Desde el Gobierno municipal defendieron la necesidad de reforzar este servicio ante el crecimiento de la red de iluminación de la ciudad. La portavoz socialista, Ana González Bueno, destacó que el incremento de puntos de luz en distintos enclaves del municipio hace necesario contar con una inversión "cuantiosa" para garantizar el mantenimiento de toda la infraestructura.
La propuesta contó con el respaldo del Partido Popular. La portavoz popular, Ascen Hita, señaló que su formación votó favorablemente al contrato al tratarse de un servicio necesario para la ciudad y valoró que la adjudicación haya recaído en una empresa local.
Apoyo fiscal al campo con discrepancias sobre las bonificaciones
Otro de los puntos destacados fue la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza del IBI destinada a favorecer la actividad agrícola local. La medida salió adelante tras rechazarse las alegaciones presentadas por el Partido Popular.
La portavoz del PSOE defendió que el Gobierno municipal ha optado por aplicar una política "prudente", recordando que las bonificaciones han pasado del 50 al 80 por ciento y que el apoyo al sector agrícola no se limita únicamente a los incentivos fiscales.
Sin embargo, el Partido Popular lamentó que no prosperara su propuesta para elevar las bonificaciones hasta el 95 por ciento, el máximo permitido legalmente. "Bajar impuestos y ayudar a nuestros agricultores siempre es positivo. Nos habría gustado que el Gobierno municipal hubiese sido más ambicioso", aseguró Ascen Hita, quien insistió en que el campo debe recibir un mayor respaldo institucional.
Más de 420.000 euros para nuevas necesidades municipales
La Corporación también aprobó una modificación presupuestaria por valor de 420.557,17 euros, destinada a varias áreas municipales como Cultura, Servicios Sociales, Turismo, Deportes, Policía Local o Mantenimiento Urbano.
Según explicó Ana González Bueno, estos ajustes responden a inversiones y actuaciones que han surgido durante el desarrollo del ejercicio y que inicialmente no estaban contempladas en las cuentas municipales.
Unanimidad para reclamar mejoras en la dependencia
Las dos propuestas políticas presentadas por el Grupo Socialista fueron aprobadas por unanimidad. La primera estuvo relacionada con el sistema de dependencia y la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio.
Desde el Gobierno municipal defendieron que la Junta de Andalucía debe aprovechar los recursos habilitados por el Gobierno central para reforzar el servicio. González Bueno subrayó que el objetivo es que esos fondos se traduzcan en mejoras tanto para las personas usuarias como para las profesionales del sector.
En la misma línea, la portavoz de Izquierda Unida, Susana Rivas, aseguró que las administraciones competentes deben ofrecer respuestas a las demandas ciudadanas y defendió que el nuevo marco de financiación estatal supone una oportunidad para reforzar la calidad de la atención y las condiciones laborales de las trabajadoras.
Por el contrario, Vox cuestionó el planteamiento de la iniciativa. Su portavoz, Manuel Vela, sostuvo que el Gobierno central sigue incumpliendo los porcentajes de financiación recogidos en la Ley de Dependencia y acusó al ejecutivo municipal de trasladar a la Junta responsabilidades que, a su juicio, también corresponden al Estado.
El Partido Popular respaldó igualmente la moción, aunque reclamó una mayor corresponsabilidad institucional. La concejala popular Carmen Baena defendió durante el debate "menos confrontación política y más recursos", reclamando implicación tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España.
Más recursos para el alumnado con necesidades especiales
La segunda propuesta aprobada por unanimidad estuvo centrada en la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El acuerdo reclama una mayor dotación de profesionales especializados y más recursos para garantizar una atención adecuada en los centros escolares.
Ana González Bueno defendió la necesidad de incrementar las plantillas de apoyo educativo al entender que los recursos actuales resultan insuficientes para atender la demanda existente.
Desde Izquierda Unida, Susana Rivas incidió en la necesidad de acometer cambios estructurales que mejoren las condiciones del personal especializado y permitan ofrecer una respuesta más eficaz a las familias.
El PP también respaldó la propuesta. El concejal José Lagóstena defendió la necesidad de contar con "más profesionales, más medios y más recursos", aunque insistió en que todas las administraciones deben asumir su parte de responsabilidad en la mejora del sistema educativo.
Cruce de reproches al término de la sesión
La valoración política posterior al Pleno volvió a reflejar la distancia entre gobierno y oposición. La portavoz socialista criticó que los grupos de la oposición no presentaran mociones ni preguntas de control, asegurando que la sesión volvió a estar impulsada exclusivamente por iniciativas del equipo de gobierno.
Por su parte, Ascen Hita calificó el Pleno como "vacío de contenido" y acusó al Gobierno municipal de utilizar las mociones para responsabilizar sistemáticamente a la Junta de Andalucía de los problemas existentes. Vox mantuvo una línea similar al considerar que el ejecutivo local busca desviar la atención de las competencias estatales en materias como la dependencia.
Pese a las diferencias políticas, la sesión concluyó con amplios consensos en asuntos relacionados con la atención a la dependencia y la educación especial, además de la aprobación de medidas de gestión consideradas prioritarias para el funcionamiento municipal.
