Vecinos del Marquesado denuncian nuevas presiones por el plan del agua
La Asociación "Somos Marquesado; Somos Chiclana" ha elevado el tono de sus críticas contra el Ayuntamiento tras conocerse una nueva convocatoria informativa sobre los futuros servicios de agua y saneamiento en la zona. El colectivo reclama más claridad sobre los costes reales de las obras y exige que cualquier decisión se adopte con toda la información sobre la mesa.
La polémica por la llegada de los servicios básicos al norte de Chiclana vuelve a reactivarse. La asociación Somos Marquesado. Somos Chiclana ha hecho pública una dura crítica contra la gestión municipal y contra la Federación de Asociaciones de Vecinos del Norte, a raíz de una nueva reunión convocada para el próximo 8 de noviembre con vecinos del diseminado.
Según explica el colectivo, el origen del conflicto se remonta a las reuniones celebradas en los últimos años para abordar la implantación de las redes de agua potable y alcantarillado en el Marquesado y otras zonas del extrarradio. La asociación sostiene que muchos propietarios acudieron a aquellos encuentros sin recibir información detallada sobre los costes reales de los proyectos ni sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de su ejecución.
Una reunión convocada "por indicación del alcalde"
La nueva controversia surge tras una carta remitida a antiguos representantes vecinales en la que se les convoca a una reunión informativa.
En el escrito puede leerse textualmente que la convocatoria se realiza "por indicación de nuestro alcalde, José María Román", con el objetivo de que los asistentes sean informados de "los costes reales de las obras para las acometidas de los servicios básicos de nuestra zona".
Para la asociación, esta iniciativa reabre un debate que consideran nunca aclarado completamente.
La batalla por el convenio del agua
Uno de los argumentos centrales del colectivo vecinal gira en torno al convenio firmado en 2005 entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chiclana para el desarrollo de infraestructuras hidráulicas en el municipio.
La asociación recuerda que durante el pleno extraordinario celebrado en febrero de este año se defendió la vigencia de dicho acuerdo y sostiene que únicamente se habría ejecutado una parte de las actuaciones inicialmente previstas.
Sin embargo, la situación se ha complicado tras las recientes declaraciones de la Junta de Andalucía, que considera extinguido el convenio y reclama al Ayuntamiento nuevos trámites administrativos para continuar avanzando en las actuaciones pendientes.
"Las cifras cambian constantemente"
Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los vecinos es el económico.
La asociación asegura que en los distintos encuentros celebrados durante los últimos años se han manejado cantidades muy diferentes sobre lo que podría costar la ejecución de las obras.
Según expone el colectivo, inicialmente se habló de aportaciones próximas a 100 o 150 euros mensuales durante ocho o diez años, mientras que en reuniones posteriores se habrían manejado cifras cercanas a 250 euros al mes.
A ello añaden otros posibles gastos derivados de conexiones, obras interiores, regularizaciones urbanísticas, tasas y licencias.
Por ello reclaman que cualquier propuesta futura venga acompañada de proyectos técnicos, presupuestos detallados y documentos oficiales que permitan conocer exactamente qué tendría que asumir cada propietario.
Acusan al Ayuntamiento de intentar desacreditar las protestas
La asociación también denuncia que las movilizaciones que mantiene desde hace meses a las puertas del Ayuntamiento han sido calificadas por el equipo de Gobierno como movimientos de carácter político.
El colectivo rechaza esas acusaciones y asegura que las concentraciones responden exclusivamente a la defensa de los intereses de los residentes del diseminado.
Además, afirman haber sufrido dificultades y presiones durante la organización de algunas de estas protestas, unas acusaciones que forman parte del comunicado difundido por la entidad vecinal.
"Estamos dispuestos a pagar lo que nos corresponde"
Pese al tono crítico del escrito, la asociación asegura que no se opone a la llegada de los servicios básicos.
De hecho, insiste en que los vecinos están dispuestos a contribuir económicamente en aquello que les corresponda legalmente.
Su principal reclamación pasa por disponer de toda la información antes de adoptar decisiones que puedan comprometer la economía de cientos de familias del diseminado.
Mientras tanto, el debate sobre quién debe asumir el coste de las futuras infraestructuras de agua y saneamiento sigue abierto y amenaza con convertirse nuevamente en uno de los principales focos de tensión política y vecinal en el norte de Chiclana.
