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El PP exige explicaciones a la alcaldesa por presunta falsificación documental en el «Caso Almazo»

Por Raquel Ramírez · 18 sep 2026 · 13:59 h
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El PP exige explicaciones a la alcaldesa por presunta falsificación documental en el «Caso Almazo»

Los populares de Conil denuncian indicios de delito de falsedad documental tras acceder al expediente con más de quince días de retraso. Señalan a la alcaldesa de encubridora y cuestionan cómo una licencia municipal llegó a manos del exconcejal Manuel Almazo.

El Partido Popular de Conil ha presentado una denuncia formal contra la alcaldesa tras analizar el expediente del denominado «Caso Almazo», al que accedieron después de más de quince días de retraso y tras reclamar el acceso en tres ocasiones. Los populares aseguran que el análisis del documento evidencia indicios de un presunto delito de falsedad documental de extrema gravedad.

La contradicción que levanta sospechas

Según el análisis del Grupo Municipal del PP, existe una contradicción fundamental en el caso. Mientras que la alcaldesa sostenía públicamente que no había firmado ninguna licencia para la obra en cuestión, los operarios que se encontraban en la parcela del señor Almazo cuando acudió la Policía Local sí mostraron una licencia física. Esta discrepancia lleva a los populares a señalar que Manuel Almazo, exconcejal de Andalucía por Sí (AxSí), habría utilizado su posición dentro del equipo de gobierno municipal para falsificar una licencia municipal vinculada de manera irregular a una obra pública ubicada en suelo rústico.

Preguntas sobre la transparencia municipal

El PP denuncia también la falta de transparencia en la gestión del expediente y cuestiona cómo una licencia municipal ha llegado a manos del señor Almazo, teniendo en cuenta que no es el delegado de Urbanismo. Los populares exigen una explicación pública e inmediata de la alcaldesa, como máxima autoridad del gobierno municipal, por su presunta complicidad en el encubrimiento de los hechos. Además, acusan al equipo de gobierno de haber retenido deliberadamente la documentación durante más de dos semanas con el objetivo de evitar el control público sobre lo sucedido.

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