La Policía Nacional desmantel una red de trata sexual en La Línea de la Concepción
Fotografía: Policía Nacional
Una operación de más de un año ha culminado con la detención de 12 personas y la liberación de otras tantas mujeres sometidas a explotación sexual. La organización criminal captaba a extranjeras vulnerables con falsas promesas laborales.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en La Línea de la Concepción. La operación, iniciada en 2024, ha culminado con resultados significativos tras más de un año de investigación intensiva.
El operativo se ha saldado con 12 detenciones como presuntos responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos. Los agentes practicaron asimismo 13 registros domiciliarios, interviniendo abundante material de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Liberación de las víctimas
Durante el desarrollo de la operación, los investigadores localizaron y liberaron a 12 mujeres, presuntas víctimas de explotación sexual. Las pesquisas revelaron que la organización captaba a extranjeras en situación de especial vulnerabilidad utilizando falsas expectativas laborales, prometiéndoles empleos relacionados con la prostitución que, una vez aceptados, derivaban en explotación.
Métodos de control y sometimiento
Una vez las víctimas aceptaban las condiciones ofrecidas, eran trasladadas y alojadas en distintos inmuebles donde comenzaba un sistema de explotación basado en el control permanente de su actividad. La organización aprovechaba la situación de necesidad económica y administrativa de las mujeres, muchas en situación irregular, para utilizarla como mecanismo de presión que dificultaba cualquier intento de abandonar la actividad o denunciar los hechos.
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia y control constante mediante el que se limitaban los movimientos de las mujeres, se establecían sus horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba la totalidad de la actividad desarrollada. Las víctimas permanecían sometidas presuntamente a intimidaciones y amenazas, así como a una dependencia económica generada por el pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables de la organización.
Las mujeres residían en los mismos inmuebles donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y bajo supervisión continua. Los investigadores detectaron indicios compatibles con situaciones de explotación y coerción, así como diferentes mecanismos destinados a impedir que las víctimas pudieran abandonar el entorno controlado.
Estructura organizativa y conexiones internacionales
La investigación permitió determinar que los inmuebles utilizados para el desarrollo de la actividad eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas empleadas presuntamente por la organización. Los investigadores establecieron igualmente la existencia de un reparto de funciones entre los integrantes del grupo, que asumían distintas responsabilidades relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los inmuebles, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los pisos y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
